La situación económica del país ha impuesto en la agenda pública el rol y desempeño del sindicalismo organizado. La dirección de las políticas adoptadas por el gobierno nacional no parece ser satisfactoria para encontrar la solución a una recesión cada vez más consolidada. La apertura a las importaciones y los aumentos en los servicios públicos han desencadenado, a la vez, una situación grave en los sectores industriales sensibles, y también en las pequeñas y medianas empresas, a las que se les hace cada día más difícil, su supervivencia dentro del mercado. En el pasado año, esta situación condujo a suspensiones, despidos y cierres de establecimientos, acrecentando así la crisis del sector laboral.
El rumbo mencionado parece dirigirse hacia una marcada baja en el consumo como medida estratégica para reducir el espiral inflacionario. En la misma dirección, se encuentran los rumores de futuras medidas que permitirían flexibilizar los derechos de los trabajadores.
En este contexto, la dividida Confederación General del Trabajo se vio compelida a conformar un triunvirato que coordine las fuerzas de su conducción. Desde la asunción de la nueva dirigencia, conformada por Carlos Acuña, Juan Carlos Schmid y Héctor Daer; se procuró establecer lazos de confianza y diálogo con presidencia, para otrorgar así cierta seguridad de “gobernabilidad” al Estado Nacional. Las expresiones conciliadoras, entremezcladas con una liviana defensa de los intereses de los trabajadores fue el reflejo de su accionar hasta principio de este año.
En contraste, la Central de los Trabajadores de la Argentina tuvo – y tiene – una posición más combativa que busca convocar al resto de los representantes en pos de modificar el rumbo que la situación general está llevando a la masa trabajadora. En este antagonismo marcado, los cuestionamientos de la CTA hacia la CGT fueron numerosos, y tendientes a aunar fuerzas para la realización de una acción conjunta. De esta manera la presión ejercida hacia la nueva dirigencia sindical, aumentó.
Los diversos conflictos entre el gobierno y los distintos sectores que representan a los trabajadores sindicados, como el último enfrentamiento con la Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y el gremio bancario han ido quebrantando los lazos de confianza entre las partes. Estos hechos provocaron la efervescencia de las bases que finalmente han movilizado a la cúpula de la CGT a adoptar un nuevo posicionamiento.
La consecuencia inmediata es el anuncio de una movilización nacional para el 7 de marzo y un paro general posterior, aún sin fecha confirmada.
Sin embargo, es importante decir que la medida adoptada no parece marcar un alejamiento del camino recorrido hasta la fecha. La dureza de la misma se encuentra diluida en virtud de diversos factores, en primer lugar, que la movilización se convoque fuera del emblemático escenario de la Plaza de Mayo, y en segundo lugar, por el extenso lapso de tiempo entre el anuncio de la medida y su eventual ejecución.
Esta decisión continúa brindando entonces, tal vez con menos amplitud, el margen de confianza y diálogo que de alguna manera dilata una respuesta concreta e inmediata a la problemática planteada en el sector. Esto se ve ratificado y apoyado, de manera visible, por la indefinición en la fecha cierta del paro general comunicado. Esta dilación crea incertidumbre.