Los paraísos fiscales se encuentran en boca de los ciudadanos de muchos países del mundo por su vinculación con dirigentes políticos y famosos de distintos ámbitos.
Los paraísos fiscales son países que exoneran de cargas impositivas a inversores extranjeros que conservan cuentas bancarias o que establecen sociedades en los mismos. El objetivo de los países que aplican estos beneficios normativos es captar divisas extranjeras para su propia economía. Una característica relevante de estos paraísos es que proponen la confidencialidad de los clientes y la apertura de cuentas con acuerdos que no exigen taxativamente informar sobre las operaciones que se realizan con las mismas.
Las sociedades offshore, así denominadas, son aquellas empresas que se constituyen en esas jurisdicciones y poseen ventajas fiscales sobre el país de origen de los firmantes. Su fácil constitución, muchas veces a nombre de testaferros, sumada a las características de confidencialidad y ventajas económicas ofrecidas, hacen que se beneficie y facilite el encubrimiento de dinero que puede ser de procedencia ilegal y/o no declarado con el fin de evadir gravámenes y declaraciones patrimoniales en su país de origen.
Argentina no se encuentra exenta de esta polémica. Listas repletas de argentinos aparecen ligados a estos paraísos fiscales, dirigentes políticos, celebridades y empresarios cercanos al Estado. De todos ellos, el caso más llamativo sin dudas, es el del presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, quien aparece como directivo en una sociedad, no declarada, de las Islas Bahamas, Fleg Trading Ltd. registrada desde 1998 y que funcionó hasta 2009 en simultáneo a su ejercicio como Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El oficialismo afirma que Macri no fue accionista ni recibió beneficios de la misma, y que esas razones bastan para justificar que no haya sido informada en su declaración jurada. Otros colores políticos reclaman una respuesta institucional y a la vez, que se investigue y se presente documentos probatorios para que se clarifique la situación.
Varios partidos políticos se muestran escépticos de los dichos del Presidente, quien asegura que fue una operación legal que terminó frustrada sobre un intento de inversión en Brasil.
Que una empresa se constituya en otro país de donde pretende desenvolverse genera dudas y se presume que el único objetivo haya sido obtener los beneficios de desgravaciones fiscales y las herramientas para sortear normativas de regulación y control tributario.
Todo esto ocurre en el contexto de denuncias públicas por el desmantelamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF) encargada de investigar el lavado de dinero.
La constitución de las sociedades offshore no presenta un carácter ilegal, sin embargo ofrecen cuantiosos recelos y precauciones sobre los objetivos de las mismas. En el caso del Presidente de la Nación, como también en el resto de los que se encuentran envueltos en la controversia, habrá que esperar a que se investigue y se acredite la documentación que se justifique o invaliden las denuncias realizadas.